El gobierno del Ex Presidente Correa promulgó el Plan Nacional de Desarrollo, en este se estableció una nueva forma de distribución administrativa del Gobierno Central. Esta inútil e injusta estructura ha traído más problemas que ventajas, ya que lo implementado no se compadece con la realidad socio-económica del país y, por el contrario, se instauró un nuevo modelo centralista.

El Oro, conjuntamente con Loja y Zamora Chinchipe conforman la “Zona 7”, se constituyeron 26 unidades administrativas de las diferentes instituciones del Gobierno Central, sin embargo, debido al desconocimiento de la realidad y una incorrecta planificación, se distribuyeron equivocadamente esas dependencias, dejando 21 de ellas funcionando en Loja, 4 en El Oro y 1 en Zamora Chinchipe, distribución que perjudica a nuestra provincia y además contraría lo que un buen modelo descentralizador exige. En los últimos días se vuelve a cometer otra injusticia con El Oro, ya que sin razón alguna, el Ministerio del Ambiente y Agua a través de un inconsulto acuerdo ministerial, resuelve remover su sede de Machala y trasladarla a Loja, reduciendo aún más las dependencias públicas que funcionan en nuestra ciudad.

Es de conocimiento público que El Oro es uno de los polos de desarrollo más importantes del país; el banano, el camarón, la pesca, la minería, la existencia de un importante puerto, son actividades fundamentales que aportan divisas para el erario nacional y hacen de esta provincia no deficitaria. La banca y el sistema financiero en también son unas de las fortalezas de esta provincia, Machala es una de las primeras ciudades en banca privada del Ecuador.

El modelo de zonificación administrativa impuesto por el ex Presidente Correa es inconveniente y ha fracasado, por lo tanto, debe ser eliminado. Para tener una autentica descentralización las provincias como Loja y Zamora deben recuperar sus entidades públicas de manera autónoma para garantizar el desarrollo y, El Oro, en homenaje a lo que representa para la Patria, necesita lo antes posible su propia autonomía administrativa que permita el crecimiento sostenido de la región sur y del país.  

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